Sánchez anuncia a los presidentes autonómicos 15 día más en estado de alarma

El estado de alarma, decretado hace una semana para tratar de contener el avance del COVID-19, se prolongará al menos hasta mediados de abril. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado esta mañana a los presidentes autonómicos, con quienes mantiene una videoconferencia desde poco después de las 10:00 horas, su intención de solicitar al Congreso una prórroga de quince días en los que está previsto que se mantengan las restricciones a la libre circulación de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

A partir del 30 de abril, las medidas relacionadas con esa fórmula excepcional prevista en la Constitución para casos como el que en estos momentos vive España -una gravísima crisis sanitaria que amenaza con colapsar el servicio nacional de salud (algunas UCIS ya lo están)- no tienen por qué ser ya las determinadas por el Gobierno sino las que dicte el Parlamento. Según el artículo 6.2 de la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, el decreto del Ejecutivo no puede tener una duración mayor a los quince días y, pasado ese plazo, es la Cámara baja la que puede autorizar su continuidad y quien debe establecer «el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga».

Los cálculos del Gobierno indican que probablemente pasados esos quince día de prórroga aún sea necesario mantener buena parte de las medidas impuestas. El Ejecutivo, a través de distintos representantes, lleva toda la semana advirtiendo de que lo peor está aún por llegar y anoche, cuando España había alcanzado ya casi los 25.000 contagiados oficiales y más de 1.300 muertos, el propio Sánchez compareció en televisión durante más de una hora par insistir en esa idea. «Queda la ola más dura -dijo- que pondrá contra las cuerdas nuestro sistema». Aún así, el presidente prefiere no solicitar de entrada una extensión del estado de alarma más amplia.

Al margen de los efectos psicológicos que pueda tener sobre la población, limitarse a pedir, por el momento, un plazo extra de quince días y no de un mes o más tiempo implica también la disposición del Gobierno a rendir cuentas de sus actuaciones ante el legislativo con esa periodicidad. Un gesto a tener en cuenta dado que el estado de alarma permite poner bajo sus órdenes a todas las autoridades civiles de cualquier nivel de la Administración Pública, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores que estén al servicio de estas.

El Gobierno se ha esforzado en los últimos días en asegurar que en ningún momento ha pretendido imponer nada sino trabajar de manera coordinada con las comunidades autónomas y las entidades locales. El pasado domingo, en una primera videoconferencia con los presidentes autonómicos, Sánchez logró un cierre de filas del que sólo se sustrajo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero a lo largo de esta semana se han producido algunas tensiones con las comunidades, fundamentalmente las gobernadas por el PP, a cuenta del abastecimiento y distribución de mascarillas y otro tipo de material de protección.

En el encuentro de hoy, el Ejecutivo tratará de limar asperezas. En él no solo participa Sánchez. También se encuentran con él los cuatro ministros a los que en esta crisis se ha concedido un papel primordial: el de Sanidad, Salvador Illa; la de Defensa, Margarita Robles; el del Interior, Fernando Grande-Marlaksa y el de Transportes, José Luis Ábalos.

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