El Gobierno avalará el 80% de los créditos a pymes y autónomos afectadas por el coronavirus

El Consejo de Ministros ha aprobado el desarrollo de la línea de avales de 100.000 millones para empresas en problemas provocados por el Coronavirus. Con ella, garantizará hasta el 80% de los préstamos si se convierten en morosos que soliciten las empresas y los autónomos a los bancos para poder afrontar el pago de salarios, circulante, facturas, necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de préstamos o impuestos, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En este primer tramo, el Ejecutivo avalará operaciones por un importe de hasta 20.000 millones y, al menos, la mitad tiene que destinarse para pymes (con menos de 250 trabajadores) y autónomos. El objetivo de esta medida es “garantizar la liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo”.

La segunda parte de esta línea de avales se destina a empresas medianas y grandes y se subdivide en dos partes. Cuando se trate de nuevos créditos, la garantía será de hasta el 70% y cuando se renueven préstamos que vayan a vencer en los próximos meses, la cobertura pública alcanzará el 60% del importe. Estos porcentajes son los que ha decidido el Ejecutivo tras negociar con la patronal y los bancos que pretendían porcentajes de garantía mayores, cercanos al 90%. Pese a todo, la primera impresión entre las entidades financieras era que la norma era positiva y que iba a permitir financiar a las empresas.

El Gobierno ha dejado clara a la banca que no puede cancelar créditos anteriores al coronavirus, que puedan estar en una situación delicada, y concederlos de nuevo con el paraguas de los avales. Lo que se pretende es que si a un cliente le vence el crédito en estos meses, la entidad se lo renueve con aval porque la situación económica es de una enorme incertidumbre. Por eso, la norma aclara que los solicitantes no pueden haber entrado en morosidad a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. La banca pretendía que los avales también cubrieran los créditos ya concedidos que pudieran convertirse en morosidad por la crisis económica, pero no ha sido así.

Costes de los avales

“Se ha empezado por estos 20.000 millones, y cuando se agote esta primera línea, entrarán en acción las demás de forma automática. Queremos observar cómo funciona lo que hoy hemos aprobado por si hay que hacer ajustes”, ha explicado la ministra de Hacienda. El Gobierno cobrará a los bancos por usar el aval entre el 0,20% y el 1,20%, dependiendo del tipo de empresa, el importe y el plazo del préstamo; es decir, cuanto más largo sea el plazo del préstamo, más alto será el coste del aval. En principio no se han asignado cuotas a cada entidad, por lo que podrán usar las garantías a demanda hasta que se acaben, momento en el que el Gobierno ampliará su importe, según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

Sin embargo, como ha explicado Montero, “el Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio sobre los tipos de interés”. Es decir, no ha fijado el tipo de interés que los bancos cobrarán a sus clientes, una decisión que dependerá de la política comercial de cada entidad. Montero sí ha señalado que el problema “no tiene que ver tanto con los intereses, o sea, el precio, que se ha mantenido bajo en los últimos años, sino por la necesidad de avalar el riesgo, que permita que las entidades tengan un colchón de seguridad”.

Además, se obliga a que las entidades financieras “se comprometan a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis de la Covid-19. También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados”.

Cinco años de plazo máximo de la garantía

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años. Las empresas y autónomos interesados “podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración”, indica el Gobierno.

De todas formas, esta línea “será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras”, dice la nota, lo que supone que será esta institución la que controle los precios de los créditos. La medida aprobada hoy tiene efectos retroactivos para operaciones firmadas desde el pasado 18 de marzo, cuando se aprobó la línea.

La ministra Montero ha desmentido de forma muy contundente que el Gobierno esté barajando una rebaja del sueldo de los funcionarios para hacer frente las necesidades presupuestarias que va a requerir la crisis. “Este tipo de noticias va contra la gestión de esta situación”, ha añadido la responsable de Hacienda.

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