El Gobierno discute opciones para ayudar a los inquilinos, pero descarta una moratoria en las rentas

La vicepresidencia de Pablo Iglesias y Unidas Podemos proponen la suspensión del pago del alquiler para personas que hayan quedado en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus. No se trataría de una moratoria ni de un retraso en el pago, sino de una suspensión durante, en principio, dos meses, que se podría prorrogar hasta el mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Los beneficiarios no serían únicamente las personas que a raíz de esta crisis no puedan hacer frente a este pago por pérdida de empleo, reducción de jornada, ERTE o deberes de cuidado, sino también los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos. Para estos últimos, se incluiría, además de la vivienda, el alquiler de la oficina o del local.

Con objeto de no perjudicar a los propietarios de los inmuebles, la propuesta de la vicepresidencia de Derechos Sociales incluye también una compensación económica regresiva en función de la cantidad de inmuebles que tengan en el mercado del alquiler: en el caso de quienes posean hasta dos inmuebles arrendados, la compensación será del 100% de la cuantía, mientras que los que posean más de ocho, recibirán un 5%.

Desde la cartera de Pablo Iglesias se afirma que se han hecho avances para lograr sacar adelante la medida de apoyo a los inquilinos en uno de los próximos Consejos de Ministros, al igual que la renta mínima, sobre la que también «parece que hay acuerdo». Las mismas fuentes de Derechos Sociales añaden, además, que, en particular sobre el alquiler, hay sintonía con José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este sentido, la propuesta de Unidas Podemos, una de las formaciones de la coalición Gobierno, es congruente con la inquietud de Ábalos, que defiende que si bien hay que ayudar quienes viven de alquiler y que puedan verse golpeados por la crisis ocasionada por el coronavirus, hay que hacerlo sin perjudicar a los particulares que dependan de una vivienda puesta en régimen de arrendamiento para complementar sus ingresos mensuales. Alrededor de un 70% de los propietarios de viviendas en alquiler son particulares, recuerdan desde la antigua cartera de Fomento, que ve contraproducente que haya un corte en seco en los ingresos que reciben los particulares de sus alquileres, y que, por tanto, no cree que una moratoria sea la mejor de las salidas.

En este mismo sentido se ha manifestado esta mañana en RNE la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha afirmado: «Lo que tenemos que asegurarnos es de que las medidas son efectivas y que no tienen un efecto negativo por otro lado, un daño colateral, si puedo utilizar este símil, porque en el ámbito del alquiler, como todo el mundo sabe, no es como en el hipotecario, que son los bancos los que están al otro lado de los ciudadanos, en este caso también hay pequeños propietarios, hay personas que dependen del pago de los alquileres para poder también vivir, para poder pagar sus gastos. Tenemos que asegurarnos de que las medidas están bien ajustadas y en eso estamos trabajando juntos».

Pero, aun habiendo cierta conexión en la filosofía entre el ministerio de Ábalos y el de Iglesias, fuentes del primero advierten de que «no está claro» que la de Unidas Podemos «sea la fórmula» que vaya a aprobarse. Aseguran también que ni ésa ni ninguna otra opción han pasado de momento los filtros necesarios para llegar al Consejo de Ministros y que son, por un lado, cuestiones de seguridad jurídica, en este caso alrededor de la idea de la suspensión del pago de los alquileres y, por otro, cuestiones de viabilidad y credibilidad financiera, se decir, sobre cómo se sufragará el plan.

El experto inmobiliario Alejandro Inurrieta plantea que uno de los posibles obstáculos para poder materializar la propuesta de Unidas Podemos es el del control, dado que en muchos casos no hay contratos de alquiler, o no están declarados, o no está depositada la fianza en los departamentos autonómicos correspondientes. «El problema está en a quién se da la ayuda y cómo se identifica», señala Inurrieta. Aunque, a cambio, considera que, de implantarse, podría aflorar mucha economía sumergida. La propuesta de Unidas Podemos contempla, para facilitar el acceso a las ayudas, que sea suficiente con la presentación de una «declaración responsable» para su posterior comprobación.

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