El Gobierno corrige varias medidas adoptadas al decretar el confinamiento

El estado de alarma seguirá, al menos, hasta el 11 de abril con la población confinada y sin apenas actividad. Aunque casi toda la oposición pide endurecer las medidas y paralizar toda actividad productiva que no sea esencial, el Gobierno se resiste a dar el paso por el momento. Defiende que las medidas adoptadas contra la pandemia del coronavirus son las más estrictas de toda la Unión Europea. En estos quince días desde que aprobó el decreto que, entre otras cosas, limitó la libre circulación, sin embargo, sí ha ido ampliando y completando iniciativas para adaptarse a la situación.

Cierre de fronteras

El Ejecutivo suspendió el tratado de Schengen para controlar el paso de personas en las fronteras terrestres. Desde el 23 de marzo, y durante treinta días, solo se permitirá el acceso a españoles, residentes, ciudadanos transfronterizos, personas que acrediten razones de fuerza mayor y diplomáticos. El cierre no afecta a Andorra y Gibraltar. Pero esta semana quitó el pestillo a los vuelos entre España e Italia para la repatriación de los respectivos nacionales. La restricción tampoco afecta al transporte de mercancías, pero no se descarta ampliarlo a fronteras aéreas y marítimas.

Entierros exprés

El elevado porcentaje de mortalidad por COVID-19 ha obligado al Gobierno a agilizar los enterramientos e incineraciones antes de las 24 horas del fallecimiento siempre que la familia dé su consentimiento o el hecho no sea contrario a la voluntad del difunto. Hasta ahora, el plazo legal al que había que esperar oscilaba entre 24 y 48 horas. Sin embargo, la orden de Sanidad, publicada en el BOE hace una semana, establece que ya no es necesario que transcurra ese periodo para obtener la licencia de enterramiento en el Registro Civil, lo que «afecta a todos los fallecimientos que se produzcan en España durante la vigencia del estado de alarma, independientemente de su causa». Sólo establece como excepción la de los decesos en los que hubiera indicios de muerte violenta, en cuyo caso «se estará al criterio de la autoridad judicial correspondiente».

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Libre circulación

¿Solo o acompañado? El Ejecutivo ha corregido en estos quince días alguno de los errores que contenía el decreto inicial y que permitían, por ejemplo, ir en grupo por la calle al trabajo o a hacer la compra, e incluso bajar a la playa si no era a través de carreteras y vías de uso público. La circulación por la calle (y también dentro del coche) debe realizarse de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, a menores, a personas mayores o que exista otra causa debidamente justificada. Además, el veto a circular no se limita solo a vías públicas, sino que se amplía a cualquier espacio de uso público, como las playas.

Medicamentos

Las compañías farmacéuticas deberán garantizar el suministro de determinados fármacos considerados esenciales e informar puntualmente de su stock disponible y las previsiones de producción y distribución. En esa lista, figuran analgésicos como paracetamol, antibióticos como la amoxicilina u hormonas como la insulina necesaria para los diabéticos; pero también algunos de los fármacos que se están utilizando en pacientes afectados por coronavirus, como tocilizumab o la hidroxicloroquina. El Gobierno contempla la posibilidad de que se priorice la producción de estos medicamentos sobre otros. También estudia la creación de una reserva estratégica de productos, material sanitario y medicamentos para próximas pandemias.

Residencias de ancianos

El virus causa estragos en los geriátricos. La pandemia se ha llevado por delante la vida de, al menos, 1.500 ancianos ingresados en residencias de toda España. Ante este trágico balance, el Ejecutivo decidió aumentar el control de los centros, que desde el pasado martes están sujetos a la inspección de Sanidad, y les dio la consideración de servicio esencial, que además de permitir la movilidad de los empleados, les dará prioridad a hora de realizar los test.

Indultos

El Ministerio de Justicia desbloqueó el pasado 21 de marzo la concesión de indultos después de que quedara suspendida esta medida de gracia con la entrada en vigor del estado de alarma. Interrumpidos todos los plazos administrativos, se acordó que solo siguieran adelante los «indispensables para la protección del interés general». En ese contexto, se enmarcó la resolución del departamento que dirige Juan Carlos Campo, que insiste en que se considera «imprescindible» la tramitación de estos procedimientos «para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos que los insten, evitando los perjuicios que pudieran irrogarse por la suspensión que determina el estado de alarma». La decisión inquieta a PP, Vox y Ciudadanos ante la hipótesis de que el Gobierno aproveche que el foco de la preocupación social está en la pandemia, para indultar a los líderes independentistas.

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