El Supremo prevé revisar el 17 de septiembre el recurso de Torra contra la sentencia que lo inhabilitó

El Tribunal Supremo prevé celebrar el próximo 17 de septiembre la vista sobre el recurso Quim Torra contra la sentencia que lo inhabilitó durante un año y medio por desobediencia, lo que implica que el presidente de la Generalitat tiene asegurado poder mantenerse en el cargo hasta después del verano. La Sala de lo Penal no tiene aún señalada oficialmente la vista, pero el alto tribunal ha informado este jueves de que se “fijará previsiblemente” para ese día. Será una vista pública con la presencia del ministerio público y la defensa de Torra, una sesión que, según las fuentes consultadas, se prevé breve y tras la cual el caso quedaría visto para sentencia.

La Sala ha descartado rechazar de plano el recurso y ha optado por admitirlo a trámite y deliberarlo. Aunque el caso de Torra no tiene especial interés casacional porque el Supremo tiene jurisprudencia de desobediencia (la más reciente, de cuatro miembros del Govern en la época de Artur Mas, incluido el expresidente), y pese a que el propio Torra admitió en el juicio que desobedeció la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos, el tribunal considera que se debe estudiar su caso para garantizar el derecho a la segunda instancia, según las fuentes consultadas.

La decisión de la Sala de lo Penal va en contra de la opinión de la Fiscalía del Supremo, que en febrero pasado pidió que no se admitiera a trámite el recurso. Según el ministerio público, no debía ser admitido ninguno de los motivos alegados por el presidente catalán para impugnar el fallo, entre otros, que sufra “persecución política”, que la orden de la Junta Electoral vulnerara su libertad de expresión o que el tribunal catalán tuviera una decisión “predeterminada” sobre su causa.

La decisión sobre la inhabilitación o no de Torra es clave en el panorama político catalán. Ante las constantes crisis entre Junts per Catalunya y ERC, los dos socios del Govern, el president había anunciado en enero que convocaría elecciones tras la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Con la llegada de la crisis del coronavirus, esta promesa quedó congelada pero tanto los republicanos como la oposición le insisten en que las convoque.

Antes del juicio, Torra ya había anunciado que no pensaba repetir como candidato. La falta de cabeza de cartel y unas encuestas poco halagüeñas son las principales razones por las que Junts per Catalunya prefiere no lanzarse a la piscina. Incluso el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia en Bélgica, no ha cerrado la puerta a presentarse. Lo cierto es que si Torra es inhabilitado sin haber convocado las elecciones, la presidencia cae de forma interina en ERC, algo que los neoconvergentes quieren evitar a toda costa.

La ley catalana de la presidencia establece que si hay una inhabilitación, el Parlament debe comenzar el proceso interno para elegir otro president, y si no lo consigue, se disuelve la Cámara. El acuerdo de investidura establece que el liderazgo de la Generalitat recae en Junts, con lo cual tampoco se descarta que opten por presentar a otro candidato y obligar a ERC a que se posicione.

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