Laura Borràs, el nuevo talón de Aquiles del Gobierno catalán

La diputada Laura Borràs, el miércoles, en el Congreso.La diputada Laura Borràs, el miércoles, en el Congreso.Kiko Huesca / EFE

Por si no bastase la probable inhabilitación a la que se enfrenta el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la cascada de recursos de los condenados por el procés encarcelados, otro frente judicial se cierne sobre un dirigente del independentismo catalán. Y esta vez no por “poner las urnas”, como suelen denunciar los líderes del movimiento, sino por un caso de presunta corrupción al uso, el que protagoniza Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados y que en el último año y medio ha aparecido intermitentemente en las quinielas como posible aspirante a la sucesión de Torra.

Borràs se enfrenta a la petición del Supremo para investigarla por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Como aforada el Congreso tiene que dar el visto bueno al suplicatorio y esta votación amenaza con convertirse en el nuevo elemento desestabilizador de la degradada relación que mantiene en la Generalitat el matrimonio de conveniencia formado por los herederos de Convergència y Esquerra Republicana.

La votación saldrá previsiblemente adelante con el voto favorable de los principales grupos. Pero el trámite se les ha atragantado otra vez a los independentistas catalanes. De entre ellos, Borràs solo goza del apoyo explícito de su formación, Junts per Catalunya, que ha desplegado todas sus herramientas de presión para que esta votación acabe perjudicando políticamente a sus rivales de ERC y la CUP si ambos no rechazan al suplicatorio. El mensaje es tan claro como efectivo entre determinados sectores del independentismo: quien permita que el Tribunal Supremo juzgue a Borràs estará validando otra injusticia contra un dirigente secesionista.

Ayer, en una entrevista en El Punt-Avui, Borràs arremetió contra la CUP, pero también advirtió a ERC. No votar contra el suplicatorio sería “blanquear” al Tribunal Supremo, dijo. Y añadió que pedirle que deje el escaño “es tanto como pedir a un represaliado que colabore con el represor”. El diputado de la CUP Albert Botran denunció una “caza de brujas” de Junts per Catalunya hacia quienes cuestionan la actuación de su portavoz en Madrid.

Junts cierra filas con la que ha sido su voz más destacada en el Congreso y la principal correa de transmisión de las órdenes del expresidente huido de la justicia española, Carles Puigdemont, y de Quim Torra. En privado, el president nunca ha ocultado que Borràs sería su preferida como candidata a la Generalitat por más que Puigdemont siga queriendo encabezar la lista de manera simbólica. Los dirigentes de Junts per Catalunya consideran que Borràs es víctima de una “persecución política” que equiparan a la que, según ellos, han sufrido los líderes del procés.

Pero en este caso el delito no tiene una raíz política, sino de presunta mala gestión de fondos públicos. Y esto es lo que hace dudar seriamente a Esquerra y a la CUP, que no quieren que un posible “no” al suplicatorio sea interpretado como un intento de tapar corruptelas con la bandera estelada. Y es que la Fiscalía cree que hay indicios de que durante la etapa de Borràs como presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, un organismo cultural dependiente de la Generalitat, hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática que beneficiaron a Isaías Herrero, amigo y antiguo colaborador de la actual diputada en la Universidad de Barcelona. La dirigente independentista aprobó presuntamente contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de un concurso público. La investigación cifra en casi 260.000 euros la cantidad defraudada.

Esquerra recuerda que la investigación del caso no la inició la Guardia Civil ni la Policía Nacional, cuerpos a los que el independentismo acusa sistemáticamente de hacer acusaciones falsas a través de sus informes. “Las primeras pesquisas fueron obra de los Mossos d’Esquadra”, recuerda un dirigente de ERC que considera “fuera de lugar” que Junts busque su apoyo contra el suplicatorio mientras Borràs no dé explicaciones sobre lo ocurrido. “Y hasta ahora no lo ha hecho”, recalcan las mismas fuentes. La CUP pide a Borràs que deje el escaño si quiere evitar el juicio en el Tribunal Supremo. Hay conversaciones en marcha entre los tres partidos por si pueden llegar a una posición común. La petición de Junts a sus socios y a la CUP es que sus diputados no participen en la votación.

Más contratos dudosos

Las precauciones de ERC y la CUP pueden entenderse mirando más allá de las contrataciones de la Institució de les Lletres Catalanes, ya que el que quiere investigar el Supremo no es el único caso de gestión de Borràs que se mueve en zonas grises. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña publicó en mayo un informe en el que concluye que el mismo organismo otorgó a dedo más contratos por importes superiores a lo permitido y fraccionó otros reiterando el motivo que lo justificaba. Algunos de estos contratos, que suman 1, 6 millones, se aprobaron también bajo la supervisión de Borràs.

Esquerra está debatiendo internamente su posición. Se plantea abstenerse. Y lo hace, como ya es habitual, bajo una intensa presión neoconvergente en las instituciones, en los medios afines y en las redes sociales. Fuentes de ERC denuncian presiones del mismo Torra a sus consejeros para que salgan en defensa de Borràs. Por ahora estas muestras han sido más bien escasas fuera del círculo de fieles de Junts y del principal partido de esa coalición, el PDECat.

ERC quiere hacer bandera de su historial sin grandes manchas de corrupción frente a sus rivales de Junts, que siguen arrastrando el peso de los casos de malas prácticas heredados de la antigua Convergència Democràtica (CDC). Y el momento no es precisamente proclive para mirar hacia otro lado: CDC se dispone a disolverse a través de un concurso de acreedores y su fundador, Jordi Pujol, ha sido agasajado durante toda la semana al cumplir 90 años libre, sin juicio y sin aclarar el origen del dinero que ocultó en Andorra. Y todo ello con unas elecciones sin fecha pero que se vislumbran muy próximas.

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