El Gobierno inicia una Carta de Derechos Digitales para proteger a los ciudadanos del impacto de la tecnología

Una mujer usa su smartphone en el balcón de su casaUna mujer usa su smartphone en el balcón de su casaSOPA Images / SOPA Images/LightRocket via Gett

El Gobierno ha puesto en marcha la elaboración de una nueva Carta de Derechos Digitales para España con la constitución de un grupo de expertos creado con el impulso de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que preside Carme Artigas. Este colectivo de juristas, representantes de usuarios e internautas, catedráticos de derechos digitales y consultores se encargará de asesorar al ejecutivo durante el proceso de redacción del documento. Con el texto resultante se pretende definir y proteger los derechos de los ciudadanos en casos relacionados con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías.

Los contenidos de esta carta completarán y desarrollarán los derechos digitales que se recogen en el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales, en el que ya se contemplan casos como los relacionados con la protección de datos, el ámbito laboral, la protección de los menores o los medios de comunicación y las redes sociales.

Además, en paralelo a las contribuciones de este grupo, se abrirá un procedimiento participativo abierto para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones que se tendrán en cuenta para la redacción final de este texto. La Carta de Derechos Digitales se convertirá así en la primera a nivel nacional cuyos contenidos se definen a través de un procedimiento de este tipo.

El grupo de trabajo se ha reunido por primera vez este lunes a través de una videoconferencia presidida por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Entre los expertos figuran Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado; Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet; Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III; Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Celia Fernández Aller, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid; Enrique Goñi, del Instituto Hermes; Simona Levi, cofundadora de Xnet; Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech; Ricard Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet; José Luis Piñar, catedrático Derecho Administrativo de la Universidad CEU-San Pablo; Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona; Javier Ruiz Díaz, policy director de Open Rights Group; Emilia Saiz, secretaria general de United Cities and Local Governments (UCLG); Ofelia Tejerina, secretaria general de la Asociación de Internautas, y Carissa Véliz, investigadora de Ética y Humanidades en la Universidad de Oxford.

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