Empieza el proceso por el primer asesinato de un político alemán por la ultraderecha desde el nazismo

Bajo estrictas medidas de seguridad, pero también de higiene, así como una gran presencia de medios de comunicación, muchos de ellos extranjeros, comenzó este martes ante la Audiencia Superior de Fráncfort el que se considera el primer proceso por el asesinato de un político en Alemania desde la época del nazismo a manos de un extremista de derechas. Coincidiendo casi con el aniversario de la ejecución del alto dirigente regional cristianodemócrata Walter Lübcke, muerto de un disparo en la cabeza a quemarropa en la terraza de su propio hogar, la fiscalía local acusa al neonazi Stephen Ernst, de 46 años, de ser el autor material del disparo mortal y a su amigo Markus Hartmann, de 44 años, de complicidad en el crimen. En el caso de Ernst, la acusación pública considera que actuó «motivado por una ideología popular nacionalista marcada por un profundo racismo y xenofobia». Lübcke, jefe del gobierno de la región de Kassel, al norte del céntrico estado federado de Hesse, había defendido en 2015 apasionadamente la política de acogida de refugiados de la canciller federal, Angela Merkel.

Los dos procesados estuvieron presentes en una reunión ciudadana organizada por Lübcke en octubre de ese mismo año, coincidiendo con el comienzo de la llamada crisis de los refugiados, cuando un millón de peticionarios de asilo llegaron a Alemania. El alto funcionario regional defendió entonces públicamente la apertura de un centro de acogida en Kassel y subrayó que, ante la situación excepcional que vivía el país, era necesario «defender valores», para seguidamente afirmar que «quien no los defienda puede abandonar este país inmediatamente si no está de acuerdo». Hartmann grabó esa intervención y colgó un vídeo manipulado en Youtube. A partir de ese momento Lübcke, muerto el 2 de junio de 2019 a los 65 años de edad, recibió numerosas amenazas de muerte y se convirtió en objetivo del odio de la extrema derecha. Los fiscales consideran que los dos hombres, que rechazaban la política humanitaria de las autoridades, se conjuraron desde entonces para acabar con la vida del político.

Stephan Ernst es un conocido, violento y peligroso activista neonazi que arrastra un largo historial delictivo. El tribunal que lo juzga lo procesa también por el ataque en enero de 2016 a un refugiado iraquí, al que clavó un cuchillo en la espalda cuando pasaba a su lado en bicicleta. Este atentado le fue atribuido cuando fue detenido por el asesinato de Lübcke. Desde los años 90 ha sido procesado en 39 ocasiones, entre otras causas por el intento de incendio de un centro de acogida de refugiados, y ha pasado varios años de su vida en prisión. Miembro de la escena neonazi en Kassel, Ernst ha estado afiliado al Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD) y mantenía hasta su captura estrechos contactos con grupos de extrema derecha, aunque aparentaba llevar una vida burguesa normal, casado y padre de dos hijos pequeños y como empleado de una empresa de mantenimiento ferroviario. También su cómplice había desaparecido en los últimos años del radar de las fuerzas de seguridad que luchan contra los extremistas de derechas, aunque militó igualmente en el NPD y anteriormente en la formación neonazi FAP.

Tras su detención Stephan Ernst hizo una confesión detallada del crimen, aunque meses después se retractó y acusó a su cómplice de conseguir el arma y efectuar el disparo mortal. Las pruebas en poder de los investigadores son, sin embargo, determinantes. Ernst dejó huellas de su ADN en el cadáver de Lübcke que lo inculpan sin lugar a dudas. La esposa y los dos hijos adultos de la víctima participan como acusación privada en el proceso y asistieron a su comienzo, que se vio acompañado también de protestas antirracistas y antifascistas a las puertas del tribunal. Dirk Mertz, portavoz de la familia de Lübcke, subrayó que los tres acudieron conscientes de que les esperan «duras cargas emocionales», pero con la intención de «dar una clara señal de unión» a su marido y padre y de rechazo al odio y la violencia.

Sin embargo, la primera sesión del juicio se convirtió en una batalla de apelaciones y solicitudes de aplazamiento del proceso por parte de los abogados de los acusados que impidió la lectura del pliego de acusación hasta que se resuelvan. Frank Hanning, uno de los letrados de la defensa, impugnó la composición del tribunal y solicitó el aplazamiento del juicio con el argumento de que no está garantizada la protección sanitaria de los participantes en el mismo en medio de la epidemia de coronavirus.

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