Hacia una normalidad más normal

Dice el conseller Vicent Marzà: «Consideramos que hay que trabajar la formación presencial porque toda la sociedad se está adaptando a la nueva situación y la educación no se puede mantener al margen». Concreta el secretario autonómico Miguel Soler: «Trabajamos para conseguir que el 100% del alumnado de Infantil y Primaria vaya a clase todos los días en su horario habitual». Exige la ministra Isabel Celaá: «Es de obligado cumplimiento la distancia interpersonal de 1,5 metros» entre alumnos, aunque ya son varias las autonomías que piden reducir esa distancia a un metro. Si no hay rebrote a la vuelta del verano, éste es el escenario general: vuelta a clase presencial. La incertidumbre es otra: cómo lo va a organizar cada centro para cumplir las instrucciones.

En los momentos más duros de la pandemia, con una educación sin colegio, se avanzaron propuestas más severas para iniciar el curso. Se habló de una educación híbrida o en alternancia, y de medidas de distanciamiento de dos metros. Ahora, hay una aparente relajación de las medidas. Hay varias razones.

Es una tendencia en el resto de Europa. Somos mucho más precavidos, por ejemplo, que Francia, donde el presidente Macron ha anunciado que los colegios abren el próximo lunes para «todos los alumnos y en condiciones normales». También es una tendencia en muchos sectores económicos. Como recuerda Marzà, «la sociedad se está adaptando a la nueva situación», por lo que por cada sector que retoma su actividad, se evidencia que Educación no sigue el mismo ritmo.

Hay una razón presupuestaria. La exigencia de nueva plantilla y de nuevos espacios es directamente proporcional al número de grupos nuevos que se requieran. Y el número de grupos se determina por la distancia social que se establezca. A un 1,5 metros se necesitarán menos grupos -profes y aulas – que a dos metros. Con una distancia social de un metro que piden algunas autonomías, las nuevas necesidades se contienen.

Quedan dos razones educativas, si no son la misma. Cada vez son más voces las que recuerdan la obligación de garantizar el derecho a la educación, y también que la clase presencial es insustituible por la online.

Tenemos 2.000 millones de euros extra (para todas las autonomías) para hacer posible la vuelta presencial a clase, que convivirá con la amenaza constante de un posible rebrote que, si es localizado cerrará el centro y, si es generalizado, retornará el confinamiento. La partida tiene que dar para comprar material de prevención y equipamiento digital, contratar más profesorado, adecuar espacios y, si queda algo, diseñar planes de refuerzo para mitigar los efectos educativos de la pandemia.

Toca aterrizar las instrucciones en los centros, con las peculiaridades de cada uno. La concertada tiene la ventaja de agrupar en un centro todas las etapas, por lo que puede liberar espacio más fácil introduciendo la formación online en los cursos superiores para dárselo a los desdobles de los más pequeños y asegurar para ellos la presencialidad total. Se suman dos opciones complementarias: la escolarización en días alternos (uno de clase, otro de trabajo en clase) o la vuelta de los turnos: unos por la mañana y otros por la tarde.

Para que los centros se puedan adaptar bien, hay que exigirle a la Administración rapidez en concretar las medidas generales y presupuesto. A los centros les queda apenas mes y medio para hacerlo posible.

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