Los cebos envenenados han causado la muerte de 21.000 animales en 25 años

Águilas imperiales ibéricas, buitres negros, milanos reales, buitres leonados, alimoches, lobos, osos y quebrantahuesos caen muertos cada año a causa de los cebos envenenados. Las víctimas de esta práctica son sobre todo rapaces, pero también animales domésticos y carnívoros terrestres. WWF y SEO/BirdLife han elaborado un documento que da cuenta de la evolución y repercusiones del uso ilegal del venenos para perseguir depredadores en España. El estudio concluye que 21.260 animales han perecido en el país en los últimos 25 años por el uso de este método. Castigar este delito es toda una odisea: de los más de 8.000 episodios contabilizados entre 1995 y 2013, apenas 60 acarrearon la imposición de una pena. Tan modestos resultados obedecen a que es muy difícil determinar la autoría de los hechos «en la soledad del medio rural», a lo que se suma que son pocos los casos en los que se efectúa una investigación capaz de sostener una acusación.

De acuerdo con el informe, entre 1992 y 2017 se produjeron cerca de 9.700 actos de envenenamiento, en los cuales murieron más de 21.000 animales. Cada episodio ha podido comportar la muerte de varios especímenes. La colocación de estos cebos mortíferos está tipificada en el artículo 336 del Código Penal, que prohíbe para la caza o pesca el uso de «veneno, medios explosivos u otras artes o instrumentos de eficacia no selectiva para la fauna».

Más de 80 sustancias tóxicas se emplean para la elaboración de estas trampas, la mayoría prohibidas en todos los países de la Unión Europea. «La estricnina, por ejemplo lo está desde 1994, pero se sigue usando masivamente en Galicia», asegura Carlos Cano, experto en la lucha contra el veneno de WWF.

Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha lideran la clasificación de puntos negros, según el informe de SEO/BirdLife y WWF, que atribuye a las provincias de Toledo, Granada y Valladolid una gran persistencia en esta práctica. Con todo, el número de casos ha descendido en los últimos años, lo que quizá responda a que los envenenamientos tienden a ser más «selectivos», ante el riesgo de que los culpables sean descubiertos o sancionados.

Sin embargo, los autores del informe aducen que estos casos representan «la punta del iceberg» de este problema, dado que su dimensión real es mucho mayor. Para las organizaciones conservacionistas, apenas se detecta una pequeña parte de los casos. «Los datos registrados por las comunidades autónomas podrían suponer entre el 10% y el 15% de un dato real que podría superar los 200.000 animales», asegura el documento.

El tóxico más común

El veneno más utilizado en España es el carbamato aldicarb, sustancia prohibida desde el año 2007 y que aparece en el 40% de los episodios registrados, seguido del carbofurano (24%), proscrito desde 2008, y la estricnina (5%). El hecho de que estas sustancias no estén autorizadas y aun así se sigan empleando induce a pensar que existen importantes existencias almacenadas y un importante comercio clandestino, aparte de que estos venenos son fáciles de adquirir en internet.

La publicación de este informe coincide en el tiempo con otro que pone de manifiesto el mal de estado de algunos ríos españoles. Según un estudio de Ecologistas en Acción, los caudales de las aguas están amenazados por la presencia de glifosato, un herbicida que se utiliza de manera masiva en la agricultura intensiva. De esta forma, los pocos análisis efectuados para averiguar la existencia de este agente químico ponen de manifiesto que hasta un 7% de las muestras han rebasado el valor de 0,5 microgramos por litro, umbral que las directivas de agua subterránea y de agua de boca consideran como el máximo permitido para la suma de todos los plaguicidas presentes.

La Confederación Hidrográfica del Ebro y la de Baleares ni siquiera analizan la presencia de este fertilizante, a pesar de ser uno de los más vendidos de todo el continente europeo.

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